Ricardo Soberón Garrido, Centro de Investigación “Drogas y DDHH”, abogado
Tomado de Noticias SER
En los últimos días, la prensa nacional ha levantado varias de las aristas que forman parte del complejo mundo del narcotráfico, pero sobretodo, recoge las inconsistencias de las políticas que se aplican en el país. La PCM y DEVIDA resultan poco consistentes en la prevención, detección temprana, capacidad de cambio, priorización y evaluación de sus acciones de gobierno. Por ello quizá este gobierno puede ser caracterizado como el de la “gestión” subordinada de los escasos recursos de la cooperación. Nada más.
Por un lado, el 14 de julio se produjo la detención de una ex Miss Perú y tres allegados, con 225 grs de cannabis. Después del show mediático, queda en duda las bondades del sistema policial y la inexistencia de políticas adecuadas de salud: más carne para el almacén de carne humana que es nuestro sistema penitenciario. Luego, tuvimos una semana de ejercicios navales hemisféricos, con 1,500 militares de diez países en las costas de Ancón, bajo la égida del Comando Sur, en la denominada cooperación hemisférica para la seguridad y la defensa. Sin duda, el ejercicio “Sociedad de las Américas” es un claro ejemplo de la cohesión que muestra Colombia, Perú y México conjuntamente con EE.UU en la vigilancia del Pacífico, pero igual la droga llega a los mercados mundiales. Hace menos días, el Presidente García anunció con “bombos y platillos” el Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos.
Simultáneamente, la Ministra de Economía Mercedes Araoz, decía que en los últimos 8 años, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) había detectado US$ 3,502 millones en 419 operaciones financieras sospechosas detectadas por los mecanismos existentes, desde el 2002. Es decir, un aproximado de 437 millones anuales. Temo que la Ministra se queda corta en la medición del impacto de la producción, tráfico interno y exportación de la PBC y la cocaína, sobre la economía peruana (por sector o por regiones). Pero sus equívocos incluyen el haber reducido el gasto público, incluyendo la reducción del financiamiento de los programas de impacto rápido (PIR) de DEVIDA en la zona. Parece indicar que dentro del mismo Estado, esta zona estratégica no es una prioridad.
Todo esto refleja el carácter episódico de los hechos políticos públicos en materia de drogas. Muestra políticas basadas en que son efectistas, simbólicas: general miedo o apoyo, como quieren los “policy makers”. Como decía el amigo Zavaleta de CEDRO: el 94% de la población está en contra de la legalización. Alguien se ha preguntado, ¿qué significa esta palabra? ¿La población está informada debidamente? No. Las políticas que ejecuta el gobierno no han tenido resultados efectivos y además, han producido múltiples daños a la sociedad peruana en general: la corrupción que aplica la policía, la tortura, violencia e incluso la muerte (caso de Wilhem Calero, a quien el 14 de julio, elementos de Aguilas Negras le sembraron cannabis).
En reciente debate, Jaime de Althaus centraba el debate sobre la legalización de la marihuana, como si este fuese el núcleo del problema. Lo que no dicen los amigos que defienden dejar las cosas como están (statu quo), es que en los últimos 30 años se han aplicado las mismas políticas fracasadas. Llega el momento de preguntarse: ¿debemos seguir haciendo lo mismo? Lo que plantean diversos grupos sociales es reducir el ámbito de aplicación de las normas punitivas. Lamentablemente, DEVIDA, sectores de la PNP y alta política, han decidido evitar cualquier cambio.
El gran reto del Perú es poder determinar con exactitud el alcance del problema de salud y de pobreza relacionados a la producción y consumo de drogas ilícitas, especialmente las más peligrosas. La cannabis, no es la más peligrosa, en todo caso es menos dañina que el alcohol y el tabaco. Luego, es necesario determinar que es posible y finalmente, escoger los instrumentos (educativos, media, penales, administrativos). Los amigos de CEDRO, Inforegión y otras entidades auspiciadas por la cooperación de los EE.UU sostienen un discurso del miedo, la guerra, priorizando la represión cuando el problema es fundamentalmente social y de políticas sociales públicas.
Ahora, veamos el VRAE ampliado a otras zonas y distritos aledaños. Recientemente, las FF.AA anunciaron cambios en la estrategia militar de la época de la denominada “Operación Excelencia”. Además, esto vendría como resultado de la ejecución institucional de las recomendaciones del asesor israelí General B.Ziv, contratado por el Comando Conjunto (antes asesoró a las FF.AA de Colombia en su lucha contra las FARC), para efectuar operaciones militares selectivas en el VRAE antes que intentar inútilmente capturar montañas o cerros.
En el campo del desarrollo alternativo, es poco lo que puede adelantar la oficina del señor Valer en el VRAE.
Tampoco el “modelo San Martín” del Señor Pizarro, que consiste en la promoción de los agro negocios en importantes extensiones de tierras en la selva alta. En cuanto a la pavimentación de la carretera Quinua San francisco, es un sueño pues solo se ha mantenido. Lamentablemente, la sostenibilidad de un trabajo de rehabilitación (mantenimiento) queda en duda ante la primera temporada de lluvias que la afectará indefectiblemente. Hay que poner atención a las acusaciones de operaciones policiales y militares en las zonas rurales del VRAE, en las que se corta la señal para evitar cualquier denuncia por la población. Así pues, las Fiestas Patrias nos traen retazos del famoso circo de la “guerra contra las drogas”, que tan bien juegan las autoridades peruanas.
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