A puerta cerrada. La comisión parlamentaria de Constitución sesionó la mañana de hoy martes para evaluar las observaciones hechas por el Gobierno a la Ley de Consulta Previa aprobada en mayo. La reunión, realizada a puertas cerradas, causó la alarma de las organizaciones indígenas que ven como una mala señal el hecho de que no se permitiera el ingreso a los líderes amazónicos y andinos. Por su parte, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos también debía sesionar esta mañana, pero aún no ha podido concretarse la reunión por la llegada del presidente paraguayo Fernando Lugo. El día anterior se supo escuetamente que la postura mayoritaria en dicha comisión es “por la insistencia” de la Ley tal cual fue aprobada.
Pese a que esta ha sido una sesión ordinaria y pública de la Comisión de Constitución, y que se habían realizado con anticipación todos los trámites necesarios para el ingreso de los líderes de las organizaciones indígenas y campesinas, estos fueron impedidos de ingresar. Mario Palacios, vocero de las organizaciones, tuvo que mirar la sesión a través de un televisor. Al respecto, el Grupo de Trabajo por la Ley de Consulta Previa opinó que “el cierra puertas pareciera ser la metáfora que asocia la intención del Gobierno de no promulgar la Ley y del oficialismo por no escuchar las voces de los Pueblos Indígenas”. El grupo alertó a la ciudadanía sobre “la reincidencia del Gobierno en cerrar puertas a los pueblos indígenas, so pretexto de orden y reserva, así como la insistencia de fondo: la imposición antidemocrática de proyectos por encima de la opinión de los pueblos indígenas”.
Como se recuerda, la Ley establece el procedimiento para cumplir con el derecho de consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, consagrado por el Convenio 169 de la OIT vigente desde 1995 en nuestro país. La Ley fue aprobada el 19 de mayo con una amplia mayoría de 62 votos a favor y sólo 7 en contra, una expresión del amplio consenso político alcanzado tras muchos meses de negociación entre el Estado y las organizaciones indígenas. Su aprobación fue saludada no sólo por las cinco principales organizaciones indígenas y campesinas del país, sino además por la Defensoría del Pueblo, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, representantes de iglesias, entre otras muchas instituciones que reflejaron a su vez el amplio consenso social que tiene la norma. Sólo quedaba pendiente su promulgación por parte del presidente Alan García.
Sin embargo, a mediados de junio la CONFIEP habría enviado una serie de observaciones a la PCM y al Ministerio de Energía y Minas. El principal gremio empresarial del país estaba preocupado por las posibilidades de que la consulta con comunidades nativas y campesinas retrasara las millonarias inversiones mineras y petroleras en curso. Pocos días después, justo cuando vencía el plazo para la promulgación de la Ley, el Ejecutivo emitió ocho observaciones y devolvió la norma al Parlamento, demostrando una vez más que es mucho más permeable a la opinión de los grandes empresarios que a la de los demás sectores sociales.
La principal de las observaciones del Ejecutivo se refiere a que debe quedar explícito que la consulta no significa un “derecho a veto” y que las decisiones, a fin de cuentas, las toma el Estado. Ello, a pesar de que la ley aprobada dice claramente que “la decisión final sobre la aprobación de la medida legislativa o administrativa corresponde a la entidad estatal” (artículo 15). Al respecto, es muy ilustrativa la opinión del magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Vergara Gotelli: “señalar a rajatabla que los pueblos indígenas no tienen derecho a veto puede implicar que la balanza se vea inclinada a favor del Estado, que por mero formalismo realizaría la consulta sin que se lleve a cabo el objetivo constitucional del diálogo intercultural y la función pacificadora”. La cita proviene del voto fundamentado del magistrado en la sentencia del expediente 0022-2009/TC, citada en el último informe del CAAAP sobre las observaciones del Ejecutivo. Como explica Hernán Coronado, del CAAAP, el objetivo de la consulta no es el veto, sino asegurar el diálogo que permita llegar a acuerdos o consentimientos.
Como las observaciones fueron remitidas al cierre de la legislatura, la titular de la Comisión de Constitución, Mercedes Cabanillas, consideró que el tema no volverá a ser discutido en el pleno al menos hasta agosto, aunque la fecha dependerá de la voluntad del Presidente del Congreso. Sin embargo, el titular de la PCM, Velásquez Quesquén, dejó abierta la posibilidad de que se discuta en una legislatura extraordinaria.
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